martes, 26 de febrero de 2013

¡Es la economía, estúpido!

 Durante el fin del año pasado, aprendí un término nuevo.  Para ser más preciso, descubrí un “maracuchismo”: la palabra “incóbrito/a”.  En el Zulia se emplea para designar a una persona que carece de dinero, que está “limpia”.  Y me parece fascinante porque une al viejo prefijo latino “in”, en el sentido de carencia, de negación, con el localismo “cobres” que se emplea como sinónimo de “dinero”.  O sea, que si alguien consigue estar “de incógnito” también puede sufrir como “incóbrito”.  Y que es como nos sentimos todos los venezolanos después de que la dupla Giordani-Merentes nos clavó casi un cincuenta por ciento de devaluación, dizque por órdenes del secuestrado en Cuba.  Vaya usted a saber…

Ese par de funcionarios ha sido, en los últimos tiempos, el responsable del estado exangüe, famélico, de las finanzas, por razones del mal disimulado afán comunista del régimen.  Ellos son los culpables de que más de la mitad del PIB se vaya en pagar la adiposa nómina oficial y el ineficiente y poco transparente presupuesto.  Ellos son los causantes —con las devaluaciones y nuevas exacciones que inventan— de que el peso del gasto público caiga mayormente sobre los hombros de los ciudadanos de a pie.  Y ahora tratan de remendar el capote dando altas justificaciones para la medida tomada.  Con palabras ampulosas afirmaron que era por el bien de las mayorías.  En ese sentido los siguió ese que dicen que es canciller pero no nos consta.  En una declaración afirmó que esa medida servirá para proteger “los dólares del pueblo venezolano" y ayudará al país a vender productos nacionales al exterior.  ¡Falsas ambas aseveraciones!  Primero, porque después de haberse empeñado durante catorce años en acabar con la industria privada en el país y establecer traba tas traba para la producción nacional, nada o casi nada podrá ser exportado.  Y, que yo sepa, ya ellos desde hace mucho tiempo decidieron que el pueblo no debe tener dólares.  A menos que estén empleando el sofisma de que Esteban es el pueblo.  Y que, como los Castro decidieron que platanote, ojitos-lindos y ramirito debían ser los albaceas de aquel, los dólares le pertenecen a la nomenklatura criolla.  La verdad verdadera es que la medida solo favorece al gobierno en su irresponsabilidad de seguir abultando la liquidez antes del venidero proceso comicial.

Porque esta gente no ve sino con las gríngolas del electoralismo.  Pero en eso no están solos: los de los partidos agrupados en la MUD tampoco se alejan de esa percepción: que si cuántos concejales me tocan, que si en tal circunscripción tendrá más chance de salir electo, etc.  La tragedia es que en Venezuela, muy pocos —poquísimos— personajes piensan en la dimensión verdaderamente filosófica de la política, en la Política con mayúscula, que nos debiera conducir a un futuro mejor a todos en el país.  ¿Hay alguno de los líderes preocupado por el avance soterrado pero firme de las comunas en detrimento de los municipios, en lo que es una subversión del texto constitucional?  No parece.  Todos están solo obsesionados con el acceso a alguna posición de poder.

En fin; que —en eso del cortoplacismo y en el afán de mantenerse pegados a la ubre de la res pública— no se diferencian nada de los actuales detentadores de facto del poder.  Alguien —ojalá sean muchos y muy convincentes— tiene que llamarles la atención, reconvenirlos y pedirles que traten de ver lejos en política.  En ese sentido, me llamó la atención que, del lado de los rojos, algunos también están dando muestras de preocupación.  Por ejemplo, la profesora Mariclen Stelling —alguien que por apellido, patrimonio y posición social debiera tener más afinidades con la oposición que con el régimen— declaró en el programa dominical de José Temiente que los rojos en el poder “se convirtieron en triunfalistas y perdieron la noción de la realidad”.  Que entre ellos “había una suerte de electoralismo, y estábamos abocados a ganar elecciones, y eso hizo que se perdiera el norte.”  El norte de ellos no es el que marca la estrella Polar sino el dibujado desde hace medio siglo por Fidel, pero eso no le quita méritos a la aseveración: todo el mundo está empeñado en obtener victorias electorales (o lo que ellos creen que son) y por eso no están pensando en Venezuela; solo en sus conveniencias a corto plazo.

Para ver lejos es que se fueron formando las diferentes teorías políticas.  Las verdaderas —porque eso que llaman “socialismo del siglo XXI” ni es socialismo ni es de estos tiempos— requieren planificar el futuro.  Y este no se concibe sino con plétoras morales.  Pero también se requieren riquezas materiales que sustenten el desarrollo de los ciudadanos.  Por eso, actualmente, en Venezuela, hay que recordar el letrerito que tenía Clinton sobre su escritorio: "It's the economy, stupid!"

Con gorra y birrete al mismo tiempo

En el transcurso de esta semana, habrá una noticia bomba en Washington.  Y tiene que ver tanto con la ética en la administración de justicia como con la deontología militar.  Será una noticia que puede servir para abrir los horizontes judiciales en un momento crucial de la historia.  Se trata de la postura oficial que adoptará alguien muy cercano a Obama pero que no claudicará en sus principios por meras conveniencias políticas que puedan deformar y corromper lo que siempre ha mantenido.  Les echo el cuento:

El  general Mark S. Martins es el Fiscal General Militar de los Estados Unidos.  Ningún abogado uniformado había sido mejor visto por el gobierno estadounidense porque —además de haber ocupado el primer puesto durante el ciclo formativo en West Point, de haberse ganado una beca Rhodes y de haber servido cinco años en Irak y Afganistán— estudió derecho y se graduó de abogado en Harvard junto con Barak Obama.  ¡Una pelusa!  Por eso, fue escogido por este para ayudarlo a redactar las políticas al comienzo de su gobierno y nombrado para presidir el sistema de comisiones militares que está llevando el caso contra los detenidos en Guantánamo acusados de cooperar en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.  Todo un “cangrejo” judicial puesto que el Congreso ha prohibido enjuiciar a esas personas en los tribunales civiles pero el Departamento de Justicia quiere que sean encausados por delitos que están en las leyes ordinarias estadounidenses, más no en el Código Uniforme de Justicia Militar ni en las convenciones de Ginebra.

El general Martins estará en el foco de todas las cámaras de TV y en los oídos de todos los periodistas cuando, en los próximos días, abra una audiencia preliminar sobre el 11-S que lo va a poner en rumbo de colisión con el presidente y el gobierno.  Porque la pregunta clave será: ¿Es legal que los Estados Unidos utilice sus tribunales militares para decidir sobre delitos, como la conspiración, que no son reconocidos como crímenes de guerra según el derecho internacional?  El gobierno pretende que así sea pero el oficial sostiene que no y quiere centrarse en cargos "jurídicamente sostenibles".  La pelea no es nueva, desde el mismo 2001, los abogados militares han estado chocando con los abogados designados políticamente acerca de las leyes de la guerra.  Los militares creen que los convenios de Ginebra no son aplicables a estos detenidos mientras que los civiles tratan de torcerles el brazo  para que sean más “flexibles y expeditivos” en la aplicación de la Ley.

El general Martins, previsiblemente, va a contrariar un dictamen del Procurador General, que insiste en la postura del gobierno sobre la conspiración, porque cree que sería deslegitimar el sistema y ya anunció que se enfocará en los delitos que puedan ser sostenidos jurídicamente, como el clásico de “ataque armado a una población civil”.  Lo que se busca es que, por aquello de la reciprocidad, cuando algún militar —digamos, un piloto accidentado— caiga en manos de un adversario —digamos, Irán— no le sean aplicadas leyes nacionales sino las que regularizan la guerra internacionalmente.  El cómo los Estados Unidos vayan a juzgar estos casos va a influir necesariamente en cómo otros países tratarán a los gringos.

Toda esta reláfica es para que sirva de parangón sobre el cual conceptuar  a los magistrados y altos mandos nuestros.  Mientras que allá, todo un Rhodes Scholar está dispuesto a ponerse en la mala con su condiscípulo en un asunto de principios jurídicos; aquí, nuestros magistrados —muchos de ellos, madurados con carburo; y, algunos, hasta separados de la judicatura por irregularidades— se postran ante la orden que reciben desde fuera del tribunal.  ¡Qué del tribunal, de fuera del país!  Porque, insisto, se prosternan ante mandatarios extranjeros para decidir con miopía voluntaria algo que no es de derecho, sino de torcido: “hasta que no salga del coma y avise que va a estar ausente, está presente.  O sea: está ausente pero no está ausente”.  Mientras allá, el primero de su clase en una de las academias militares más reputadas del mundo va a decidir de acuerdo a lo que le parece deontológicamente correcto, dejando de lado la preocupación de que eso le puede costar el puesto y su futuro en la carrera que escogió; aquí, alguien que debiera vestir de blanco pero prefiere ponerse uniforme cubano verde, que se graduó en los últimos puestos del cuadro de méritos —lo que parece corroborar lo que dicen por ahí de que ahora para ascender a general o almirante no se necesita currículo sino prontuario— no pasa de ser un peón acomodaticio que echa por la borda todo lo que le enseñaron de ética a lo largo del ciclo formativo y la carrera. 

Pobres diablos —unos y otros— que cuando salgamos de esta pesadilla —porque saldremos— deberán convertirse en reos prospectivos.

Otros tiempos, otras gentes

 El 4 de noviembre de 1957, yo estaba en el Palacio Federal como parte de las unidades que debían rendir honores al entonces presidente, Marcos Pérez Jiménez, quien iba al Congreso a presentar un mensaje.  Comenzó su discurso diciendo cuánto había progresado la nación por su obra gubernativa.  Utilizó un ritornello  que comenzaba con: “Somos el país…” y que seguía con las explicaciones de sus logros: “…que está desarrollando el mejor plan de vialidad en la América Latina,(…) que ocupa el primer lugar en la América Latina en organización sanitaria, (…) de la América Latina con el mejor coeficiente de mortalidad general, (…) que ocupa el primer lugar en la América Latina en incremento de la riqueza agrícola, (…) que proporcionalmente a su población ocupa el primer lugar en el mundo en construcción de viviendas para la clase obrera, (…) que ocupa el primer lugar en la América Latina en oportunidades de trabajo, (…) que ocupa el primer lugar en el mundo en la estabilidad de su moneda...". Y así seguía.  Creo que, al igual que yo, todos los que escuchábamos esas afirmaciones nos sentíamos profundamente orgullosos.
Lo malo fue lo que dijo de seguidas…
Porque pasó a señalar algunos factores negativos de la vida venezolana y empezó a atacar a los partidos que diferían del criterio que imperaba en el gobierno. Todos los que pensaban diferente eran traidores al Ideal Nacional.  Parecía que los errores de la democracia justificaban su gobierno de fuerza.  Y concluyó su mensaje informándole al Congreso su intención de celebrar un plebiscito para que los votantes decidieran —a la luz de los logros obtenidos por él— si se obviaban las elecciones venideras y se aceptaba que él y sus ministros continuaban gobernando cinco años más.  En esos tiempos, yo de política no sabía nada (o sea, casi lo mismo que me caracteriza hoy) y, aún así, me dije: “¡Cáspita, este redomado felón ha depositado una deposición excrementicia con esa propuesta!”  Claro que utilicé otros términos; pero como estamos en horario supervisado, debo edulcorar el léxico.

Para recortar el relato: El plebiscito no aparecía como instrumento en la constitución del año 53, por lo que los líderes de los partidos —muchos de ellos presos, en el exilio o “enconchados”— llamaron a la abstención porque el árbitro no era confiable y los resultados estaban arreglados de antemano.  El “plesbicito” (como pronunciaban muchos) se llevó a cabo el 15 de diciembre y, ¡Oh, sorpresa!, se informó a la nación que la población había aprobado la continuidad del régimen.  Ninguna organización seria reconoció los resultados y más bien, algunas personas se organizaron clandestinamente en una “Junta Patriótica” que fue instrumento para la aglutinación de los intelectuales, los líderes obreros, el clero, los educadores y los militares de grados medios para hacer cambiar el statu quo.  El 1º de enero se insurreccionaron, fallidamente, la Aviación y algunas unidades del Ejército; durante los 14, 16 y 17 hubo otros alzamientos, también fallidos; hasta que en la noche del 22 la cosa pasó a mayores y en la madrugada del 23 —a menos de mes y medio del plebiscito— Pérez Jiménez huía del país en “la Vaca Sagrada”.

Como lo veo yo, la circunstancia actual en el país es muy parecida a la de esos tiempos: un mandatario que quiere eternizarse en el poder, una cuerda de ministros encallecidos en el enriquecimiento indebido, los altos mandos militares más obedientes al jerarca que a la letra y al espíritu de la Constitución, unos magistrados, un ministerio público y un consejo elector — que se suponen independientes del Ejecutivo— sumisos a la voz del amo.  Pero con una diferencia: Pérez Jiménez y su gobierno eran supremamente nacionalistas; mientras que los de ahora están dejando que un par de carcamales caribeños decidan sobre los asuntos primordiales de la república.  Y es más: les ponen en bandeja de plata al país —que fue el primero de Sudamérica en buscar su independencia— para que ahora devenga en colonia nuevamente. 

Que quede claro, antes de que los esbirros de la policía política vengan a buscarme, que no estoy proponiendo para nada una solución parecida a la que tuvo éxito hace más de medio siglo; soy un demócrata convencido, siempre he escrito en contra de los golpes y los golpistas, y creo (tonto que es uno) que el voto es el arma del hombre libre.  Pero entiendo también que ya está bueno de peticiones de diálogo a alguien que no sabe escuchar, ni cree que hay formas mejores de acción que las que ellos propugnan.  Opino que es necesario recordar lo que dice el Art. 333 de nuestra Constitución.  Y, por eso, suscribo entusiasmado el documento que presentó —a nombre de un grupo grande de venezolanos— el doctor Aristiguieta Gramcko y que comienza: “¡Hagamos  cumplir la Constitución e impidamos la dominación cubana!”


La última colonia que queda en América

 A finales de este año, celebraremos el aniversario 190 del momento en que el último contingente español se embarcó —para no volver jamás— desde Puerto Cabello.  Ahí, por fin, se patentizaba independencia de una metrópoli abusadora.  Se logró después de trece años de guerra.  Hace casi cincuenta, otro país intentó subvertir nuestra incipiente democracia  para acabarla y reemplazarla con una imitación del régimen que imperaba entre ellos.  Nos costó unos siete años, pero logramos vencer y expulsar a los soldados castristas que vinieron como guerrilleros a envenenar las mentes de nuestros jóvenes.  ¡Tanto denuedo, tanta sangre derramada, para nada!  Hoy hemos devenido en la única colonia que queda en América.

Y no sé qué causa mayor tristeza; si la paradoja de que el nuevo colonizador no es una potencia sino un paisito lleno de carencias, con solo un tercio de la población venezolana y menos de una vigésima parte de nuestra economía; o que los invasores se han enseñoreado en nuestro medio con la anuencia y complacencia de unos paisanos nuestros, de unos venezolanos que se jactan de que solo ellos tienen el monopolio del amor a la patria; cuando lo que son es un sartal de Quisling tropicales.  Por lo menos, la España de aquellos tiempos era una potencia de verdad-verdad, mientras que los colonizadores actuales sufren racionamientos y sobrevivían por las remesas que les hacían sus familiares emigrados.  Suerte para ellos que ahora lo hacen por la munificencia oficial venezolana.

Reconozco que duelen, que escuecen estas afirmaciones, pero no por eso dejan de ser verdad.  Ya se vislumbraba lo que venía cuando hace varios años, por uno de los muchísimos decretos “con rango, valor y fuerza de Ley” se disponía que policías cubanos tenían (y tienen) potestad para detener a venezolanos ¡en Venezuela!  Mucho cacareo se hizo por el hecho de que un país que no sabe lo que es la propiedad privada estuviera a cargo de las notarías y registros; que ese mismo país, que oprime a los suyos hasta que más, estuviese a cargo de la identificación; que un país que mueve menos tonelaje marítimo que nosotros manejase nuestros puertos.  Pero muy pocos notaron ese exabrupto de los del G-2 cubano pudiendo arrestar a venezolanos en suelo patrio.  Esto es más grave que los que mencioné antes (que son graves también), y casi tan grave como eso de que militares cubanos meten las narices en los planes estratégicos que se hacen en el Estado Mayor y dan órdenes a oficiales venezolanos que los superan en grado.  Y ellos se dejan.  ¿Más señal de colonización?  Se las doy...

Tan colonizados estamos que la troika compuesta por Maduro, Cabello y Ramírez viaja a la “metrópoli” habanera a recibir instrucciones de la gerontocracia castrista.  La foto de “Granma” hoy los muestra al alimón en el aeropuerto de Rancho Boyeros escuchando arrobados las órdenes que se les imparten.  Claro que, poseyendo todavía un rescoldo de pudor, explican que fueron a La Habana pero a ver al mandatario enfermo.  Cosa que quién sabe si se dignaron hacer…

Y tan resignados estamos a ser colonizados, que un despreciable estuprador, ladrón y borracho como Daniel Ortega —un extranjero— se atreve a insultar en un acto público a los venezolanos sin que ninguno de los presentes haya tenido la decencia ni la sensatez de pedirle moderación; por el contrario, parecían arrobados por el discurso del chulo.  No hubo ni uno de los rojos-rojitos que pidiera prestada la famosa frase y le espetara “¿Por qué no te callas?”  Pero ni eso…

Hay quienes piensan que —después del más reciente “aporte” al derecho constitucional hecho por la dos veces expulsada del Poder Judicial pero actual presidenta del Tribunal de la Suprema Injusticia— estamos en un interregno.  Nada de eso.  ¡Estamos peor!  Porque la nomenklatura se ha trastocado en un pocotón de sátrapas y los altos mandos no pasan de ser cipayos.  Unos y otros se prosternan ante las decisiones que toman unos extranjeros allende el mar…

Otrosí 1
 Repito por esta vía un tuit que mandé hace días y sigue sin contestación (oficial, por lo menos): “Quién comanda las FAN?  El único que puede tener mando civil y militar al mismo tiempo, según la norma, es el presidente.  Y si él no está…”

Otrosí 2
A la luz de lo cometido por la de la papada prominente y su combo, la oposición no puede transigir cuando haya que escoger los nuevos magistrados.  Nada de luchar por cupos para sus partidarios.  Los elegidos deben ser personas de altísimo reconocimiento por su rectitud, sapiencia y honorabilidad, sin importar su afinidad política.

Otrosí 3
Las banderas que ondean en la churrasquería de Mañongo parecen unos coletos por lo mugrosas y desflecadas que están.  Alguna autoridad que se apersone allí a exigir el cumplimiento de la Ley de Banderas vigente. 

jueves, 3 de enero de 2013

Coctel tóxico

Después del varapalo del domingo, lo que está de moda es comentar las razones de este.  De eso no nos salvamos los articulistas.  Sobre todo, porque nos damos las ínfulas de que somos “formadores de opinión”.  La dura realidad de antenoche debiera hacernos caer en cuenta de que no lo somos, pero seguimos emperrados en nuestra creencia de que nos corresponde intentar que la ciudadanía algún día despierte, perciba los errores que comete y aprenda.  Esta entrega, pues, no se va a apartar de lo está de moda hoy.  Están avisados.

Todos nos preguntamos (inclusive algunos rojos) cómo puede perder Velásquez en Bolívar —aunque está impugnando los resultados— luego del desastre en lo que el régimen ha vuelto a ese Estado.  Eso de que los zulianos hayan trocado a Pablo Pérez por alguien que compite en pobrediablismo con José Temiente nos parece como cambiar la mamá por una burra. Todos se maravillan de la diferencia que le sacó en Guárico el personaje tenebroso y hasta ignaro que resultó vencedor a  un gerente probado y sin tacha.  Y así pudiéramos seguir ad infinitum pero resultaría fastidioso y hasta cacofónico; por tanto, prefiero dejarlo sucinto.  La respuesta: se sufrió una intoxicación colectiva.

Porque cuando se mezclan: el ventajismo, chantaje, corrupción y falta de escrúpulos de los rojos; con el paterrolismo de muchos opositores, más el güelefritismo de una parte no poca de la población; y la aparición en la escena de unos cuantos rastacueros que juran que los vencedores los van a tomar en cuenta en sus gobiernos; lo que se logra en la práctica es un coctel deletéreo que más pronto que tarde tendrá efectos sobre la salud de la república.  Es algo así como lo de la gringa condenada de haber envenenado al marido poco a poco con cocteles a los que les ponía glicol de propileno (lo que usamos en el radiador del carro) y que envenena por acumulación.

Nada puede ser más descarado que el empleo de todos los recursos del Estado —desde los dineros públicos, pasando por el empleo de militares uniformados en misiones partidistas vedadas por la Constitución y llegando a las cadenas espurias— para darle ventajas a los turistas que resultaron designados por el Primer Dedo para contender por las gobernaciones y que —aparte de obstaculizar a los mandatarios regionales—se arrogaban las inauguraciones de obras.  Todo ello, con la vista gordísima y cómplice de unas “árbitras” (lo sé, suena feísimo pero el DRAE lo impone), unos magistrados que gritan “¡Uh, ah!” en actos oficiales, una defensora que no defiende sino a su jefecito lindo y una fiscal que en los rojos no ve siquiera pecados veniales pero que descubre pecados capitales en todo lo que hacen los opositores.  De la Contraloría no digo nada porque todos sabemos que no pasa de ser una entelequia.  Tanto, que ha pasado el tiempo desde la muerte de Ruffián y no es designado un sucesor.  Aunque el tipo no es mucho lo que hacía, aparte de incapacitar a cuanto opositor pusiera en peligro algún cargo detentado por el régimen.  En fin, que con esa falta de escrúpulos y esas complicidades ya la cosa era cuesta arriba.

Pero es que de nuestro lado, tampoco fue mucho lo que ayudó alguna gente.  Los antiparabólicos que se fueron para la playa, que atiborraban los pasillos, del Sambil, que se quedaron apoltronados viendo los juegos del fútbol europeo, son criticables.  Pero más aún lo son quienes se abstuvieron a propósito porque, aunque no veían con buenos ojos a los rojos enviados desde Caracas, pesaba más en ellos unos supuestos defectos que tenía el candidato de la oposición.  Gente que uno supone ilustrada pero que no fue capaz de ver que estaba en juego el futuro del país, no de una gobernación. 

¿Y qué decir de la compra de votos con una nevera o una cocina?  Alguien explicó hace años que las enemigas de la democracia son la corrupción y la miseria.  Uno entiende que en algunas partes de las masas la gente no se preocupa del futuro porque están muy ocupadas por sobrevivir en el presente.  ¿Pero cómo explicar el rastacuerismo rampante de gente que tiene algo que perder y que sabe que se lo van a quitar pero que intenta correr la arruga? ¿Necesitarán inyecciones de Globovisionicina?  Y, peor, ¿qué decirle a los avivatos que se montaron en la carroza del vencedor con las esperanzas de poder mamar mejor? Fácil esa: los quiero ver dentro de unos meses, despreciados por unos y otros.  Porque a nadie le gusta un traidor…

Esta fue la última monserga del año.  Que Dios les depare una Navidad tranquila; que descansen durante este final del año porque en el 2013 nos toca levantarnos, sacudirnos el polvo y volver a la contienda.  Nos veremos el 15 de enero.

Votar, en este caso, es una obligación


La derogada Constitución del 61 era explícita (y exigente) al señalar que el voto era “un derecho y una función pública”, y que su ejercicio sería “obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezca la ley”.  La actual se limita, en su Art. 63, a señalar que: “El sufragio es un derecho”.  Quizás porque la mayoría roja que imperaba en la Constituyente, alertada desde arriba, ya preveía —como después se propuso con descaro en la reforma del 2007— que el voto les estorbaría para la obtención de proventos políticos y que mejor era, para sus fines, apelar a las manifestaciones tumultuarias en “asambleas populares”.  En todo caso, en ninguno de los dos textos el voto aparece tipificado como un deber.  Bajo los parámetros constitucionales actuales, los venezolanos pudiéramos escoger si ejercerlo o no.  Pero, sinceramente creo que esta vez, y salvo escenarios muy excepcionales, el voto deviene en obligación, en imperativo categórico para seguir empleando la frase kantiana que he utilizado en mis anteriores escritos.

Me explico: en los momentos actuales los rojos desarrollan una guerra —nada soterrada, por lo demás— que busca hacer nulas las previsiones constitucionales que dictan la forma de organización de la república, específicamente las del Art. 16 (Estados, distrito y municipios), y sustituirlas por las fulanas comunas, que se escogen en tumultos estrepitosos donde la gritería de los mandados por el PUS acallan los razonamientos sensatos e imponen a juro lo ordenado por Caracas.  Tal forma organizativa, repito, fue negada en el referendo del 2007 pero han intentado forzarla legalmente con mayorías espurias  y por medios poco escrupulosos y llenos de irracionalidad.  A eso hay que ponerle un parao.  Y la mejor forma es ejerciendo el sufragio el domingo venidero.

Por otra parte, el tipo, antes de irse a La Habana de sus amores, supuestamente para operarse, violó una vez más la Constitución.  Doblemente; porque esta prohíbe que los funcionarios tomen partido en los procesos eleccionarios y porque establece claramente las reglas sucesorias.  ¿Pero qué es una raya más para una cebra?  La ha estado violando desde el momento mismo de su promulgación… Y a eso también hay que echarle un parao.

Total, que este domingo que viene, no se va a votar por fulano o perencejo; se va a votar para impedir que se nos venga encima el “estado comunal”.  Que llegaría si dejásemos que los candidatos rojos-rojitos accedieran al gobierno de las regiones.  Con descaro lo proclamó Aristóbulo: ellos tienen la misión de “esfaratá” las gobernaciones.  Lo que buscan es poder entremeterse en todos los aspectos de la vida en sociedad; como lo que intentan hacer, una vez más, con la infame resolución 058; como buscan al atravesarse indebidamente en las producciones agrícola, industrial, empresarial y hasta artística; como tratan de lograr con las regulaciones sobre la propiedad.

Nos conviene ir a votar, y a hacerlo por los candidatos de la alternativa democrática.  Primero, porque al compararlos uno a uno con los designados por el Primer Dedo, son mucho mejores.  La mediocridad es la característica dominante de los candidatos-turistas.  Por eso, lo que hacen es arroparse con la cobija del hegemón.  En casi todos los Estados, la propaganda del PUS (pagada con fondos del Tesoro) habla del “corazón de la patria” y repite las combinaciones de colores de la propaganda presidencial (también pagada con dinero nuestro).  Ninguno de ellos dice: “Voten por mí porque soy mejor que el otro”; todos lo que dicen es: “Voten por mí porque mi comanpresi les ordena que lo hagan así”.  Y, luego, añaden el chantaje: “Solo así, Caracas mandará plata para la región”.  Lo cual, es incierto.  La Constitución dice cómo se reparte el situado.  Lo más que puede hacer el régimen es retardar el envío.  Pero eso no es nada nuevo.  Y de ese mal sufren también los gobernadores oficialistas.  Entonces, ¿quién garantiza que esa no será la tónica en el supuesto —negado, of course  de que ganasen?  Ninguno de los muchachos-de-mandado hace referencia en sus campañas a los problemas que deben constituir el centro del debate.  Vale decir: la inseguridad, la inflación, la escasez, el descalabro de los servicios públicos, el desplome de la infraestructura y otros problemas parecidos que nos acogotan a quienes sobrevivimos en esta tierra que fue de gracia.

Me cuesta decirlo, pero el rechazo que albergan algunos por algún candidato de la alternativa democrática pasa a un  segundo plano.  Ya llegará la ocasión de corregir ese entuerto (si es que es tal).  Pero este no es el momento.  Ahora la lucha será contra el totalitarismo.

Si no me creen a mí, háganle caso a los curas.  Porque siempre meditan lo que van a decir y porque invariablemente le apuntan al bien común.  Léanse el documento que sacó el Arzobispado de Caracas.  Puritas verdades y recomendaciones sensatas.  ¡Todos a votar este domingo!

Descentralización o totalitarismo

Estuve pensando bastante cómo titular hoy y al final me decidí por el que ya leyeron más arriba.  Pero también pudo haber aparecido: “Democracia contra narcotráfico” o “Comuna versus Estado federal”.  Porque todas esas cosas son materias que han de ser dilucidadas en las próximas elecciones de diciembre.  No son meros nombres de personas los que están en las contiendas.  Eso sí debiera quedarles claro a quienes van a votar y a quienes todavía dudan acerca de si vale la pena ejercer ese derecho.  Desde ya les digo a estos últimos que, en casos extremos —y este es uno de ellos— el derecho se convierte en imperativo moral categórico.

El posible título que deseché de un solo golpe fue: “Centralismo o descentralización”.  Porque ese, aunque estaba de anteojitos, nunca ha sido una disyuntiva.  Por lo menos desde el punto de vista constitucional.  Desde el mero comienzo de la vida republicana, en 1811, todas las cartas magnas que ha tenido nuestra nación caracterizan a Venezuela como un país federal.  Con sus más y sus menos, pero siempre federal.  Han sido las personas encargadas del Poder Ejecutivo quienes les han puesto demasiada tiza al taco en su afán de ponerle piquete a la bola de ese mandato.  Originalmente, la República de Venezuela se formó por la cesión voluntaria de derechos que hicieron los delegados de las municipalidades que representaban.  En ese, y en todos los demás textos constituyentes (excepto el actual) se invoca la ayuda de Dios y se mantiene el concepto de que los firmantes son “los representantes de…”

En la pugna entre centralizadores y “federalistas” ha habido, de ambos lados, gente muy reconocida por su talla política, su preclara inteligencia y su estatura moral.  Pero una cosa sí debe quedar palmaria: nunca antes había avanzado tanto la provincia venezolana —y por ende, la república— como después de la promulgación de la Ley para la Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias de 1989.  Cuando ya, después de que las ciudades interioranas habían podido elegir a sus alcaldes, las regiones pudieron escoger a sus gobernantes. Lo que devino en saltos cuánticos  y cualitativos hacia adelante.  Sus economías se revitalizaron; las instituciones comenzaron a mejorar a ojos vista; la salud, la educación y la seguridad llegaron a niveles óptimos; el hábitat y el ornato mejoraron ostensiblemente; y la solución de los problemas se encontraba más cerca.  Que no es poca cosa.

Yo, lo adeco lo tengo lejos.  Pero no dejo de reconocer que fue con Carlos Andrés Pérez que se hizo buena la letra de la Ley DDT; sin su voluntad política, todo no hubiese pasado de un saludo a la bandera.  Y lo pagó: los “notables” no podían aceptar fácilmente la pérdida de poder que sufría Caracas.  El gobierno transitorio de Ramón J. Velásquez continuó el proceso porque, al fin de cuentas, no era sino un interinato.  La aseveración de Caldera de que no quería ser “el presidente de veinte republiquitas” ya señalaba una intención.  Pero nunca llegó a la avilantez del régimen actual en su afán centralista.  Pasando por encima de las leyes —o cambiando groseramente y en contra de la norma constitucional cuando se veía en la necesidad— ahora casi todo incumbe al gobierno central.  Vale decir: depende de burócratas caraqueños que no saben de los problemas que deben resolver.

Y el panorama se muestra más oscuro ahora: si se logra el desiderátum de Esteban Dolero —de obtener todas las gobernaciones para entregárselas a quienes su dedo omnímodo ha escogido para “esfaratá” dichas instituciones—, las elecciones de alcaldes de abril próximo solo serán de mero trámite: el poder será dirigido totalmente desde Caracas; porque las fulanas comunas —que no tienen base constitucional, no nos cansemos nunca de repetirlo— no podrán hacer sino lo que los autorice un MinPoPo desde una oficina del Centro Simón Bolívar.  Todo el dinero será administrado por un funcionario que, sin saber dónde queda San Diego de Cabrutica, Peribeca, Tucanizón o Marigüitar decidirá si se mete un alcantarillado o se corta el monte en alguna de esas poblaciones.

Lo señalaba hace días un articulista, pero la cabeza mía no sirve para recordar nombres: si se busca en un diccionario bilingüe ruso-español, la palabra “comuna” se traduce como “soviet”.  Entonces que no nos venga el régimen con eufemismos; lo que quieren es implantar, ¡hoy en día, válgame Dios!, un estado soviético como el que se hizo añicos en Rusia y China y que hace aguas en la Cuba de los amores de Elke Tekonté.  O sea, que el pomposo “Socialismo del siglo XXI” es simplemente otro intento de socialismo real del siglo XX; el que no sirvió sino para empobrecer y matar de hambre y por fusilamientos a generaciones enteras.

Hay que ir a votar, chamo.  Deja las reticencias y las facturas.  Venezuela te necesita…