En una jugada descaradamente adelantada, Boves II y su camarilla uniformada han estado acusando a las personas que entienden que la “robolución” no pasa de ser un fiasco y algo de lo que sólo ellos son convictos: de propiciar alzamientos cuarteleros. Llegan a más, imputan de “canalla” a cualquiera que no comulgue con el pensamiento único y lo acusan de buscar salidas no democráticas para la sucesión presidencial. Que llegará. Pero con estricto apego a lo que tipifica el texto constitucional. Lo que intentan Don Gato y su pandilla es una parada doble: por un lado, meter miedo a la población para que se abstenga de ir a los comicios y así poder atapuzar —con la complicidad de un CNE partidario— de votos rojos las urnas; y, por el otro, si eso falla, dejar de lado los disfraces democráticos de los cuales se han revestido, dar un autogolpe e instaurar un régimen más absolutista y arbitrario de lo que ya es el actual. Lo cual fue su intención desde el primer momento, cuando llevaron a cabo la asonada que en mala hora dejó (y sigue dejando) innumerables muertos, presos políticos, odio entre hermanos, pobreza y corrupción.
El endilgarle a la alternativa democrática la acusación de subversivos no pasa de ser aquello del caco que grita y señala “¡Al ladrón, al ladrón!” para desviar a los que vienen persiguiéndolo. Lo triste es que la cúpula militar se preste para eso. Que no es de extrañar: son cómplices necesarios. Y no por patriotismo sino por todo lo contrario. Uno, porque le prometieron ser gobernador de Nueva Esparta y necesita del portaaviones; otro, porque se sabe reo internacional de narcotráfico y se ve perdido en un escenario legalmente republicano. Ambos, porque en sus mentes están frescos los recuerdos de lo que le pasó a Baduel y el fusilamiento del general cubano Arnaldo Ochoa, que traficaba drogas por orden del papá putativo de Elke Tekonté. Sencillamente, prefieren seguir medrando del erario, y de uno que otro negocito, a terminar en un calabozo en razón de un expediente mandado a fabricar por quien no sabe de escrúpulos y ejecutado por algunos de los fiscales y jueces de los que gritan “¡Uh, ah!”.
En todo caso, esas acusaciones tendenciosas en contra de quienes actúan de la manera más cívica no pasan de ser coces contra el aguijón. Ya los militares saben claramente de dónde vienen las sugerencias de ir contra el 328 y el 330 de la Constitución; de dónde salieron los intentos de modificarlo para que la Fuerza Armada no respondiese a la nación sino a una persona; de dónde parten las insinuaciones y hasta las propuestas descomedidas de intervenir en contra de lo que reza la carta magna. La gran mayoría de los oficiales, a pesar de los desfachatados intentos de adoctrinamiento, mantiene un talante democrático y respetuoso de la norma. ¿No dizque la Fuerza Armada es un fiel reflejo de la nación? Entonces, una gran mayoría no condona los intentos de perpetuación en el poder de una caterva ineficiente para resolver los grandes problemas del país pero muy eficaz en eso de birlar miles de millones.
Que la cúpula esté ocupada por gente que más que currículum tiene prontuario —que ha estado metida en negociados desde el ya remoto “Plan Bolívar 2000” hasta en Pudreval, tráfico de droga, contrabando por los puertos, colocaciones bancarias, etc.— no le quita al hecho de que el gran grueso de la Fuerza Armada está conformado por personas capaces de diferenciar el bien del mal y de escoger el bien permanentemente. Por eso, saben muy bien hacer oídos sordos a las aseveraciones recientes del enfermito, todas ellas cuajadas de una apropiación indebida del estamento militar. Ya no es sólo la amenaza aquella de que “la revolución está armada”; ahora es el abuso del adjetivo posesivo “mi”. Se lo pasa en un “mi Fuerza Armada”, “mi Ejército”, “mis generales”. Ya estos no son más de la república, sino de él. Pero nada ha dicho últimamente de “mi Milicia”. ¿Será el as bajo la manga? ¿O será que se dio, por fin, cuenta de lo poco confiables que pueden ser esos “militares” de fin de semana y con carné del PUS?
Creo que titulé bien al llamar lo que se intenta ahora —sugerido por Fidel— desde las alturas del régimen “el dizque problema de la Fuerza Armada”. Porque no es tal. La institucionalidad vencerá.
Termino con algo que ya dije en el mismo 1992, a escasos días del cuartelazo:
“…tanto por exigencia legal, como por obligación ética, los militares, mientras estén bajo bandera, deben ser respetuosos de la norma que les exige que no hagan pronunciamientos en materias políticas; sólo después de pasar al retiro será cuando legalmente podrán hacerlo. Son las reglas del juego. El que no las acepte, con salirse tiene”.
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