Si el cronograma de
trapacerías judiciales del régimen se cumple, el día 30 de abril, quien fuera
ministro de Defensa y otros tres generales con mando durante los hechos de
febrero del 89 deberían estar pasando por las horcas caudinas clavadas por unos
jueces de los que vociferan “¡Uh, ah!”.
Hechos de los cuales —si hubiese árbitros y fiscales de verdad en este
caso— no puede imputarse, y menos culpar, a los enjuiciados. Primero, porque, si no hay autores materiales
encausados, ¿cómo se va a imputar a nadie autoría intelectual? Segundo, porque el hecho de que se esté en el tope de la cadena de mando no implica
que esos oficiales pudieran tener el control sobre el terreno de las
operaciones de las unidades desperdigadas por toda Caracas. La doctrina militar propone: “planificación
centralizada, ejecución descentralizada”.
Entonces, si hubo desmanes a nivel de algunos pelotones y compañías,
quienes debieran responder de los delitos serían los comandantes de esos niveles. Pero contra ellos no se acciona —a pesar de
saberse quiénes eran-—, porque hoy muchos de ellos son grandes capitostes del
régimen. Tercero, porque los delitos que
pudieron haberse cometido ya están prescritos de acuerdo a las leyes vigentes
en ese momento. No importa cuánto se enronquezca
Luisa Ortega alegando: “¡Lesa humanidad!”.
El Estatuto de Roma, la norma internacional que crea ese tipo de
crímenes, fue promulgado en 1998, casi
diez años después de los hechos; y la Constitución nuestra los menciona solo
posteriormente —como corresponde— en 1999.
El amañado juicio
—más bien circo romano, con leones come-cristianos y todo, para entretener a
las masas hambrientas— no ha de trastocar la realidad histórica. Hay que entenderlo como una emboscada más que
unos guerrilleros comunistas montan, igualito que en los sesenta, contra unos
soldados venezolanos. Y hasta con los
mismos actores. Solo que ahora los
irregulares se hacen pasar por demócratas, aunque siguen obedeciendo a pies
juntillas las órdenes que les mandan desde Cuba. Y una diferencia más: los guerrilleros de
otrora ya no comen sardinas en el monte, sino caviar y salmón en Miraflores…
Reitero hoy algo
que ya dije en febrero pasado: “Conozco y soy amigo de los generales a los que
se les abre un juicio —Ítalo Alliegro, León Orsoni, Maya Cardona y Fuentes
Serra—; me consta que son personas ilustradas, pundonorosas, de un alto nivel
moral, que tienen muy claro el concepto de lo que es debido y a quienes, si
estuviéramos en un Estado de Derecho, no se les pudiera imputar por delitos
cometidos por otros, que estaban a kilómetros de ellos y que no actuaban bajo
sus órdenes directas”. De ser así, con
más razón habría que abrírselo a la actual MinPoPoDef y demás altos mandos por
la matazón de gente que ha ocurrido, a manos de subalternos suyos durante las
protestas actuales. Es por aquello de
que “lo que es bueno para la pava…”
No sería ni malo
abrirles, además, otro juicio —este, militar— por la bastardización de los
símbolos institucionales. Sin mirar para
los lados, y sin consultar con los que saben, de repente, modificaron el escudo
del MinPoPoDef. Ahora, en vez de los
cuatro cuarteles —cada uno con alegorías a las cuatro fuerzas armadas constitucionales— nos encontramos con uno de
cinco, para acuñar a los trancazos a la inconstitucional milicia. Ya, por eso solo —por ser inconstitucional—no
debería aparecer. Pero es que tampoco
está bajo el control de la almiranta (y digo bien: fue mujer de un
almirante). A la fulana milicia —como
fue diseñada como una guardia de corps y una chambita para sus copartidarios—,
el difunto muerto que falleció la asignó a la presidencia, no a la Fuerza
Armada. ¿Entonces, qué hace ahí en el
escudo?
Ñapa matabúrrica
Tengo una duda: o
Arcadio Delgado y sus secuaces en la Sala Constitucional desconocen que no se
requiere —en parte alguna del globo— una autorización oficial para hacer uso de
un derecho, por aquello de qui iure suo
utitur, nemini iniuriam facit, o su sectarismo se encaballa sobre lo que
saben de derecho y los hace redactar bodrios como el más reciente. De lo que sí estoy seguro es que no es mucho
el dominio del idioma que tienen. En el
potingue que cometieron, emplearon varios términos indebidamente; empezando por
“detentar” —que es, según el mataburros: “ejercer ilegítimamente algún
poder o cargo”— y que emplean dos veces: cuando afirman que las policías
municipales “detentan una competencia” y cuando definen a “la manifestación (…)
como uno de los derechos (…) que detentan los ciudadanos”. Luego dicen que esa
sala es “el máximo intérprete (…) para proferir (…) interpretaciones” sobre los
principios constitucionales. ¡Por Dios, proferir se refiere solo asuntos
verbales! Y las interpretaciones que
hace ese combo son entregadas por escrito.
Y, por último, afirma que el accionante, asistido por Escarrá, “el malo”
—no porque haya habido uno bueno, sino porque el otro, el muerto, era “el
peor”—, “ostenta como Alcalde del
Municipio Guacara”. Lo cual es cierto
—me consta—, pero en muy feo que en un documento oficial se afirme que ese
señor “hace gala de lucimiento y boato”. Sobre todo porque el tipo se las echa de
revolucionario…
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